Servicios públicos universales: el poder de desmercantilizar la supervivencia

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Jason Hickel, Departamento de Antropología Social y Cultural, Universidad Autónoma de Barcelona. [1]

Una de las principales conclusiones que surgen de los proyectos de investigación sobre el decrecimiento y la mitigación del cambio climático es que los servicios públicos universales son cruciales para una transición justa y eficaz.

El capitalismo se basa en mantener una escasez artificial de bienes y servicios esenciales (vivienda, sanidad, transporte, etc.) mediante procesos de cercamiento y mercantilización. Sabemos que el cercamiento permite a los monopolistas subir los precios y maximizar sus beneficios (pensemos en el mercado del alquiler, el sistema sanitario estadounidense o el sistema ferroviario británico). Pero también tiene otro efecto. Cuando los bienes esenciales se privatizan y encarecen, la gente necesita más ingresos para acceder a ellos. Para poder obtenerlos se ve obligada a incrementar su fuerza de trabajo en los mercados capitalistas, a trabajar para producir cosas nuevas que quizás no son necesarias (lo que supone un mayor uso de energía, recursos y presión ecológica), simplemente para acceder a cosas que sí que son necesarias y que, en muchos casos, ya existen.

La vivienda, por ejemplo. Si sube el alquiler, de repente hay que trabajar más para mantener una misma vivienda. Si consideramos la economía en su conjunto, esta dinámica significa que necesitamos más producción agregada, es decir, más crecimiento, para satisfacer las necesidades básicas. Desde la perspectiva del capital, esto garantiza un flujo constante de mano de obra para las empresas privadas y mantiene la presión a la baja sobre los salarios con el fin de facilitar la acumulación de capital. Para el resto, esto significa explotación innecesaria, inseguridad y daños ecológicos. La escasez artificial también genera dependencia del crecimiento: dado que la supervivencia está mediada por los precios y los salarios, cuando las mejoras de productividad y las recesiones provocan desempleo, la gente sufre la pérdida de acceso a los bienes esenciales, incluso cuando la producción de dichos bienes no se ve afectada, y el crecimiento es necesario para crear nuevos puestos de trabajo y para resolver la crisis social.

Hay una forma de salir de esta trampa: desmercantilizando los bienes y servicios esenciales podemos eliminar la escasez artificial y garantizar la abundancia pública, desvincular el bienestar humano del crecimiento y reducir las presiones de aquellas políticas que priorizan el crecimiento económico.

Este enfoque también tiene otros beneficios sociales y ecológicos directos. Por un lado, puede tener un fuerte impacto positivo en el bienestar humano. Sabemos por estudios empíricos que los servicios públicos son un poderoso motor de mejoras en la esperanza de vida, el bienestar y otros indicadores sociales clave (consultar aquí, aquí y aquí). Los servicios universales también acabarían con la actual crisis del coste de la vida al reducir directamente el coste de la vida.

También sabemos que los países con servicios públicos desmercantilizados, o bien con servicios públicos universales, pueden conseguir mejores resultados sociales en cualquier nivel de PIB y uso de recursos (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí). Los servicios universales garantizan una conversión eficiente de recursos y energía en resultados sociales. Además, como veremos, el control público sobre los sistemas de provisión facilita la rápida descarbonización de esos sectores.

Por último, este planteamiento, unido a la garantía de empleo público, acabaría definitivamente con la inseguridad económica y resolvería la actual contradicción entre objetivos sociales y ecológicos. Ahora mismo es imposible dar pasos, incluso los más obvios, hacia la mitigación del cambio climático (como reducir la producción de combustibles fósiles u otros sectores destructivos), porque la gente de los sectores afectados perdería el acceso a un salario, vivienda, sanidad, etc. Nadie debería aceptar semejante resultado. Con servicios universales y una garantía de empleo emancipador podemos protegernos contra cualquier inseguridad económica y garantizar una transición justa. No hay contradicción necesaria entre los objetivos ecológicos y los sociales. Ambos pueden y deben perseguirse conjuntamente.

Por servicios universales me refiero no sólo a la sanidad y la educación, sino también a la vivienda, el transporte, los alimentos nutritivos, la energía, el agua y las comunicaciones. En otras palabras, una desmercantilización del sector social básico, los medios de supervivencia cotidiana. Y me refiero a servicios atractivos, de alta calidad, gestionados democráticamente y propiamente universales, no a los sistemas deliberadamente pésimos de último recurso que vemos en Estados Unidos y otros países neoliberales.

El poder de los servicios públicos universales radica en que podemos mejorar el acceso de las personas a aquellos bienes que son necesarios para tener una vida digna, con sistemas de provisión que requieren un menor uso agregado de energía y materiales y que nos permiten acelerar la descarbonización. Estos resultados se pueden mejorar aún más garantizando una sólida gobernanza democrática de los sistemas públicos. La garantía de empleo va unida a la supresión permanente de la inseguridad económica, contribuye a cumplir un objetivo que el crecimiento por sí solo nunca ha podido alcanzar y a desvincular el bienestar humano de la exigencia de una producción agregada cada vez mayor. Esto cambiaría el panorama político, nos liberaría para emprender las acciones climáticas necesarias, sin ningún riesgo para el empleo y los medios de subsistencia y, al mismo tiempo, mejorarían los resultados sociales, se reduciría la desigualdad y facilitaría el cambio hacia una economía más justa y ecológica.

Estas políticas deberían ser las principales reivindicaciones de un movimiento obrero y climático unido. Los servicios universales, la garantía de empleo, los salarios dignos y una semana laboral más corta son intervenciones populares que podrían sentar las bases de un apoyo político masivo. En cuanto al movimiento obrero, tenemos que dejar de fingir que el crecimiento capitalista acabará mágicamente con el desempleo, garantizará salarios dignos y traerá la democracia al lugar de trabajo, porque nunca ocurre. Al contrario, hay que luchar para lograr estos objetivos directamente. Y respecto al movimiento por el clima, a menudo acusado de ignorar las condiciones materiales de las comunidades de la clase trabajadora, este enfoque aborda las necesidades de sustento reales y da pie a alianzas con formaciones de la clase trabajadora.

Este es el movimiento político que necesitamos.

Servicios públicos universales: el poder de desmercantilizar la supervivencia

[1] Esta tribuna es una versión condensada, autorizada por el autor para este informe, del artículo publicado el 11 de abril de 2023 en el blog del autor.

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