El avance de los pensamientos autoritarios y fundamentalistas, así como el debilitamiento de las democracias en América Latina ponen en riesgo los derechos de las mujeres y la igualdad como base ética y principista sobre la cual se venían logrando profundas transformaciones.

En los últimos años, sectores conservadores con amplio poder han desplegado estrategias, como la llamada “Con mis hijos no te metas”, buscando deslegitimar la lucha feminista, disputar imaginarios sociales y erradicar el enfoque de igualdad de género de las políticas públicas del Estado. También han colocado operadores políticos en espacios de decisión para generar retrocesos en materia de la lucha contra la discriminación y bloquear avances que se dirijan a fortalecer los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

El objetivo de estos sectores es poner barreras para evitar que se siga avanzando en cambios normativos, culturales, políticos y económicos, pues estos impactan directamente sobre el orden patriarcal que domina nuestras sociedades. Es importante señalar que quienes se oponen a la igualdad también promueven una narrativa contraria a los derechos humanos y la democracia.
Aunque el panorama es bastante desalentador, tanto en el Perú como en América Latina hay una variable que contribuye a resistir en estos contextos: la existencia fuerte y permanente de feminismos diversos y plurales, con una gran capacidad interpeladora, de movilización y transformación.

Los feminismos se han caracterizado por ser fuente de pensamiento crítico y acción política, por cuestionar verdades absolutas y visibilizar los sistemas de opresión que profundizan las desigualdades. Desde los feminismos, no sólo se rechaza el orden patriarcal, sino que a la vez se conecta este con otros sistemas de opresión y expropiación que perpetúan la violencia y la exclusión.

Los feminismos decoloniales, antiracistas, interseccionales, ecologistas visibilizan el daño que genera el patriarcardo al reproducir un sistema político, económico, racializado, a la vez que un orden normativo, de dueñidad y superioridad moral en donde las mujeres (y todo lo feminizado) es puesto bajo sospecha (Segato, 2020).

La presencia del movimiento feminista, su agenda amplia y diversa, así como su capacidad y fuerza para plantear profundos debates transnacionales representan oportunidades para la construcción de una democracia real, en donde la autonomía de todas las personas, la igualdad y el ejercicio efectivo de derechos individuales y colectivos son ejes fundamentales.

Un Estado democrático debe promover políticas públicas para atender las problemáticas sociales y garantizar el bienestar de la población más vulnerable frente a la exclusión. Lo que planteo en las siguientes líneas es que el enfoque feminista, y no sólo el enfoque de género, puede contribuir a un adecuado diseño e implementación de medidas integrales que garanticen bienestar ciudadano a corto, mediano y largo plazo. Es decir, el enfoque feminista debería ser utilizado para el diseño, construcción, implementación y evaluación de las políticas públicas, pues el nivel de análisis que ofrece esta perspectiva no sólo es amplio, sino además comprensivo de los contextos diferenciados y de las relaciones de poder históricas que impactan en las relaciones sociales, en la vida cotidiana de todas las personas y en las instituciones sociales.

Es en este sentido, la perspectiva feminista tiene una gran potencialidad en la medida que puede: (1) comprender la complejidad de problemas específicos y (2) plantear propuestas transformadoras orientadas a garantizar igualdad real o sustantiva.

Antes de continuar, es preciso aclarar qué entendemos por política pública. Según Subirats y Lahera, una política pública es un conjunto de decisiones y acciones coherentes y encadenadas que deben comprenderse intrínsecamente relacionadas con el contexto político e histórico. De otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que una “política pública” hace referencia a cursos de acción que contribuyen a cambiar, crear o transformar condiciones que afectan la vida de las personas o grupos de una población (CIDH 2018: 143).

Es decir, la CIDH pone en el centro la transformación social basada en derechos, destacando el rol que tienen los Estados no sólo en la atención a los problemas sociales, sino a la vez en su prevención, siendo esto una obligación coherente con el mandato de no discriminación. Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas públicas no sólo están orientadas a atender un problema específico, sino además a promover transformaciones sostenidas que contribuyan a erradicar la discriminación.

Desde la teoría feminista se han desarrollado dos marcos de análisis orientados a comprender la complejidad de los problemas sociales, desde los que se visibiliza las relaciones de poder y su anclaje histórico: el marco de la interseccionalidad y los planteamientos del feminismo decolonial.

La interseccionalidad plantea mirar con un nuevo prisma la injusticia social (Crenshaw, 2016), dejando de lado los paradigmas clásicos de comprensión y explicación para construir nuevos referentes que reconozcan las diferentes identidades. Se establece como una herramienta para cuestionar el análisis neutral y visibilizar la experiencia particular de cada caso, considerando el impacto del racismo, el clasismo y la heteronormatividad.

Esta categoría ha permitido enriquecer la reflexión sobre la violencia estructural y simbólica que se encuentra en la base de múltiples agresiones, especialmente de las dirigidas hacia las mujeres. Su utilidad radica no sólo en brindarnos un marco amplio para la comprensión de la discriminación y la violencia, sino que a la vez permite – a nivel de las políticas públicas- situar los escenarios de vulnerabilidad.

Gracias a este marco conceptual podemos decir que, si bien el enfoque de género es fundamental, no basta. Se necesita vincularlo con otros marcos conceptuales para comprender cómo opera la discriminación, por ejemplo, en la vida de las mujeres y las sobrevivientes de violencia, dejando de observarlas como un universo homogéneo.

Desde el feminismo decolonial se problematiza la realidad de las mujeres racializadas e impactadas por el colonialismo y las narrativas institucionales. Parte de un cuestionamiento al feminismo occidental hegemónico y critica la opresión de género racializada, heterosexual, colonial y capitalista como una forma de transformar lo social y romper con las dicotomías subjetivas que han seguido colonizando el pensamiento (Lugones, 2011).

El feminismo interseccional y decolonial nos brindan herramientas para comprender la complejidad de los entramados de poder y cómo estos se inscriben en la vida y el cuerpo de las mujeres.

Concretamente, ambos son marcos conceptuales feministas que deberían ser utilizados en la construcción de políticas públicas en la medida que contribuyen a generar una real transformación, definir los niveles de vulnerabilidad de la población y plantear medidas situadas histórica y contextualmente.

Una política pública con enfoque feminista se orienta a erosionar relaciones de poder y, por ello, es altamente transformativa. Sin embargo, y tal como se menciona en las primeras líneas, estamos frente al avance de sectores contrarios a los derechos humanos y la igualdad, cuya narrativa biologicista, absolutista y autoritaria normaliza la exclusión y estigmatiza a las defensoras de derechos y las feministas. Todo lo cual afianza las resistencias a cambios y debilita el enfoque de género en el Estado, así como genera una fuerte barrera para implementar enfoques transformadores e integrales como los marcos feministas descritos.

Tal vez uno de los principales desafíos que tenemos actualmente es hacer frente a los extremismos, a los pensamientos y prácticas contrarias a los derechos humanos, a los fundamentalismos que fortalecen movimientos anti derechos de las mujeres y anti igualdad de género.

Para pensar y desarrollar políticas públicas desde una perspectiva feminista se necesita voluntad política, actitud democrática y conciencia de derechos, ya que esta mirada busca ir mucho más allá de la lógica de igualdad de oportunidades, plantea reconocer relaciones de poder, develarlas e implementar medidas transformativas para un cambio real. Este es un desafío aún pendiente.